Lógico malestar trajo el bloqueo que impidió la salida del Clarín dominical. Pero más allá de las lecturas políticas para un lado o para el otro, me quedo –como siempre- con un pequeño detalle de esos que saben esconder mucho sentido. A la mañana siguiente al bloqueo, desde una de las radios del multimedios, el periodista Nelson Castro entrevistó a uno de los delegados sindicales que llevaron a cabo la protesta. Tras oír las razones esgrimidas por el mismo, Castro cerró la charla enfatizando que un método de protesta ilegal como el propuesto quitaba legitimidad a sus reclamos. Es decir, que por más justa que sea la demanda, si no se siguen medios legales, la razón es del demandado. De nada sirvió que el delegado hubiese reiterado que el conflicto con el Grupo Clarín lleva más de seis años (¡seis años!), que la empresa los persiguió y los llevó a la justicia sin razón, que la justicia los sobreseyó y que la empresa no los había reincorporado como correspondía; que el Ministerio de Trabajo había sancionado al Grupo por las irregularidades y que aún así Clarín no había cumplido con la sanción ni les había devuelto la libertad sindical en disputa. “Estamos en un país donde todos somos esclavos de la ley,” se excusó Castro, y con esto pretendió anular los argumentos de su interlocutor y dio por concluida la entrevista.
Cuesta creer que si todos somos esclavos de la ley, Castro no se haya horrorizado con las constantes maniobras de evasión legal del Grupo Clarín. Alguien dirá que no podía escandalizarse con las violaciones de sus propios empleadores. En este caso, prefiero darle a Castro el beneficio de la duda. Prefiero imaginar que su legalismo exacerbado es producto de una fe sincera en las instituciones que garantizan una vida democrática. Desde este punto de vista, sus comentarios no destilarían hipocresía, sino que dejarían al descubierto un mal aún mayor: una visión reduccionista e ingenua sobre la legalidad, que lejos de asistir a la democracia, la limita y la corrompe. Esta visión supone que todos somos realmente iguales ante la ley. Nada más alejado de la realidad. Quienes tienen más poder económico siempre tendrán un mejor y más favorable acceso a la justicia. Esto no supone entender que la justicia es necesariamente corrupta, sino reconocer que los circuitos legales a los que uno puede acceder son siempre más amplios cuanto más poder económico se tenga y mejores abogados se puedan costear. Por eso, pensar que un grupo de delegados puede enfrentar en igualdad de condiciones legales a un multimedios multimillonario como Clarín es de una ingenuidad dramática (por no decir patética). Es que David jamás podrá enfrentar a Goliat mano a mano; por eso la honda, por eso la piedra.
Más aún, el carácter corporativo de una de las partes en pugna también marca un desequilibrio importante. Un punto clave donde la desigualdad señalada se vuelve evidente es en la forma diferencial en que un proceso judicial afecta a individuos reales y a sujetos corporativos. Ante un conflicto legal, las personas reales son presionadas por el tiempo, por las necesidades económicas, por los reclamos familiares, por la vida misma. Seis años de tensiones legales es más de lo que la mayoría de los seres humanos pueden soportar. La vida está de por medio, una vida concreta que es corta y finita. Esto no corre para las corporaciones, a quienes lo mismo da uno que quince años de idas y vueltas judiciales. Para ellos la justicia es una materia que es posible presionar, dilatar y moldear a gusto. Para las personas de carne y hueso, para un obrero por ejemplo, la justicia es una sólida muralla donde se espera encontrar una abertura tan pronto como sea posible. Los seres humanos vivimos y nos morimos, y no siempre podemos esperar a que la justicia deshaga los ovillos que los abogados corporativos se empeñan en enmarañar.
Desconocer esto y abogar por una supuesta ‘legalidad a toda costa’ es poner a la justicia del lado de los poderosos, de quienes tienen recursos (dinero, pero también tiempo). Es cierto, los delegados obraron mal al impedir la distribución de un medio de prensa; fueron, además, poco inteligentes desde el punto de vista político, dando excusas para que los victimizadores se victimizaran; pero ¿cuántas otras opciones tenían para hacerse oír e influir en una empresa que viene incumpliendo la ley hace años? Señalar que la protesta deslegitima su reclamo es una injusticia tan grande como la que el Grupo Clarín ejerce contra ellos. Son ellos la parte débil, son ellos quienes deberían ser escuchados, comprendidos, acompañados. Nelson Castro –y quienes lo imitan- deberían comprender que la legalidad no es una bota que calza a todos por igual, sino que calza siempre mejor a quien tiene poder. Desconocer esto es no advertir que, aunque duela reconocerlo, una de las realidades fundamentales de los sistemas democráticos capitalistas es que no todos somos iguales ante la ley.
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