01/02/2017

Macri y la obstinación ideológica como motor político

Con su último traspié vía decreto, el gobierno de Macri ha dejado expuesto un modo concreto de gestión que para muchos no pasaba de ser una sospecha. Si hasta el momento podíamos confundir algunos tropezones del gobierno como 'torpeza' o 'falta de experiencia’, el DNU que estableció la movilidad del feriado del 24 de marzo nos obliga a plantearnos otra explicación: estamos ante un gobierno eminentemente ideologizado. Esto no significa que pueda existir, acaso someramente, un gobierno sin ideología. Lo que parece mostrársenos con nitidez es que, para Macri, la ideologización de las decisiones políticas tiene preponderancia aun por sobre las consideraciones de oportunidad y estrategia. O, lo que es lo mismo, por sobre toda racionalidad política.

Desde un punto de vista meramente táctico, el DNU que afectaba el Día de la Memoria carecía de sentido. El propio Morales Solá se alzó en alarma debido a la sumatoria de polémicas innecesarias que, para su preocupación, corren el riesgo de debilitar al gobierno:

“El 24 de marzo de este año será un viernes. ¿Para qué cambiarlo al lunes si lo mismo hubiera significado un feriado largo? Los próximos dos años caerá un sábado y un domingo sucesivamente. El primer problema lo tendrá el gobierno que esté en el año 2020, cuando caerá un martes. La modificación de día carece de sentido político porque hiere la sensibilidad de sectores sociales y somete al Presidente a una polémica inservible.”

Aunque una rápida lectura opositora interpretaba que el gobierno buscaba evitar una movilización multitudinaria como la del 2016, esta lectura se debilita cuando se confirma que no es fácil forzar una desmovilización un día viernes, aunque sea laborable. Desde cualquier punto de vista, la medida carecía de sentido de oportunidad.

Se trataba, claro está, de una medida simbólica: el objetivo era el mensaje, no la acción concreta. Así lo interpretó Estela de Carlotto, para quien el decreto fue “una provocación al dolor, a la lucha”. La inmediata reacción de organismos de Derechos Humanos, gobernadores e intendentes, era fácil de prever. No hay estrategia política que pueda explicar la toma de una decisión simbólica como esta (potencialmente nociva para la imagen del gobierno y cuya aplicación no se podrá efectivizar durante su gestión). Descartado el error o la imbecilidad, la única explicación posible es la ideología.

A nadie sorprende el destrato del presidente hacia los organismos de Derechos Humanos y hacia la lucha por Verdad, Memoria y Justicia. Después de todo, Mauricio Macri es heredero de un imperio familiar que creció y prosperó al amparo de la dictadura, un imperio que de la mano de Sigaut, Cavallo y Melconián, se benefició con la estatización de la deuda privada (llanamente: la transferencia de la deuda en dólares del grupo Macri a todos los argentinos). Después de todo, Mauricio Macri es el mismo que calificó de “curro” las políticas de Derechos Humanos de la última década, asociadas a la voluntad política del kirchnerismo pero aplaudidas por un amplio espectro ideológico, tanto a nivel nacional como internacional.

En suma: Macri ha confirmado que para él la ideología se impone a la estrategia. La concepción individual del mundo, tal como la vislumbra el presidente, prevalece ante un análisis de las condiciones materiales para su aplicación. Esta constatación no solo resulta paradójica para alguien que se ha propuesto “menos ideología y más comercio”, sino que es, en definitiva, señal de una profunda incapacidad política.

Los gobiernos pueden hacer apuestas ideológicas, pero nadie hace apuestas ideológicas sin un claro análisis de coyuntura y de correlación de fuerzas. Hecho este análisis, nada exime a un gobierno de cometer errores de cálculo; pero lo que el DNU de Macri nos indica es que no ha habido cálculo en absoluto, o que, si lo hubo, el cálculo fue desechado. Sin cálculo y análisis, las decisiones políticas corren el riesgo de caer en la más llana irracionalidad.

Vistas en retrospectiva, algunas de las acciones más resonadas del primer año de Macri parecen encontrarse atravesadas por esta matriz de irracionalidad claramente evitable con un cálculo estratégico simple. El fabuloso DNU que pretendió instalar a Rosatti y a Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema, supuso que Macri firmara para la posteridad una expresa confesión de desprecio por las instituciones que hasta entonces decía defender. Únicamente una sobrevaloración de la propia percepción político-institucional podía suponer que aquel decreto no recibiría una andanada de críticas de todos los sectores, desplomándose por su propio peso.

Con el desproporcional 2000% de aumento en el valor del gas (luego reducido a un ‘algo-menos-desproporcional’ 400%) Macri actuó de modo semejante: ¿creía acaso que la creciente presión de las empresa privadas podía pasar por encima de la racionalidad en el gasto de los consumidores? Tiempo después llegó el comunicado conjunto entre Cancillería y el Reino Unido por las Islas Malvinas, donde la Argentina aceptaba “remover todos los obstáculos” (retrotrayendo el estatus del reclamo de soberanía a 1989) para habilitar la explotación económica de las Islas. Una vez más, solo si se anteponía la cerrazón ideológica del presidente (quien en los ’90 llegó a decir que las Islas serían “un fuerte déficit” para el país) puede entenderse la firma de un acuerdo internacional que estaba condenado al más hondo rechazo social.

En términos estratégicos, esta obstinación ideológica se presenta como un inesperado flanco débil del gobierno, una herida que el propio presidente se anima a exponer a la vista del campo popular, que podría explotarla para debilitarlo política y discursivamente.

Del puñado de medidas antes consideradas, solo el tarifazo fue confrontado de un modo que ampliaba el espectro social del rechazo más allá de los sectores politizados. La reacción contra el nombramiento de jueces por decreto, contra el acuerdo por Malvinas o contra el último DNU, se canalizó a través de declaraciones políticas y recursos judiciales movilizados desde estructuras institucionales formales. La lucha contra el tarifazo, en cambio, vio la articulación de sectores más amplios de la sociedad, que incluyó la formación de multisectoriales, el levantamiento de firmas y la protesta en las calles. La irracionalidad y la sensibilidad de las otras medidas también habilitaba la articulación de acciones equivalentes. Nada más hacía falta identificar el momento de obcecación ideológica y responder con estrategias que permitieran ampliar la base social del rechazo.

La ideología, sabemos, todo lo impregna. No hay decisión política, económica o social que pueda estar exenta de ideología. Pero para bien o para mal, el manejo de la política republicana, con su necesidad de articular consensos mayoritarios, demanda de una acción política siempre calculada y estratégica. Sabemos que las ideas no pueden imponerse si no hay una base social y material previamente dispuesta. Esta dificultad que ha demostrado Macri para actuar con ‘inteligencia’ en diversos escenarios coyunturales puede entenderse (excluida la mera torpeza) desde la obstinación ideológica. El DNU que afectó el 24 de marzo no admite otra explicación. Queda a la consideración de cada uno determinar cuáles de las múltiples medidas tendientes a aplastar los salarios y a paralizar la economía, se desprenden de la misma racionalidad; o mejor dicho, de la misma irracionalidad. En cualquier caso, toda irracionalidad expone un flanco débil del gobierno que el campo popular está obligado identificar y a explotar en su favor.


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