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A unque el macrismo apele con recurrencia a una retórica encolerizada que combina epítetos degradantes (‘lakras’, ‘KKs’, ‘Kukas’) con un ‘fuck you’ proctológico y extranjerizante, las paradojas de la vida política argentina acabaron por asignar el rol de fuerza violenta al kirchnerismo. Sin importar cuánto insistan ‘los K’ en aferrarse a sus axiomas solidarios (“la patria es el otro”, “al odio se le gana con amor”), su lugar en el reparto de sentidos mediáticos ha sido determinado por sus poderosos enemigos, que cuentan entre sus voceros a miembros del gobierno y medios oficialistas por igual. Marcos Peña definió al kirchnerismo como “un grupo político que legitima la violencia”; Gabriela Michetti llegó a asegurar que “los kirchneristas viven violentos y agresivos”; y el propio presidente se desmarcó de la gestión anterior explicando que “cambiar también es entender que la violencia no es la forma”. En el mismo registro, Joaquín Morales Solá responsabilizó por los conflictos en la Pa

«P riorizar. Primero lo colectivo: aseo urbano, vialidad interna, servicio de aguas. El asunto es que el presupuesto seguramente no aguante. Al menos desde una lógica que conciba a la alcaldía como planificadora y ejecutora de las obras, y a las comunidades como receptoras de los logros de la gestión. La perspectiva cambia cuando se aborda la situación desde otra potencia: la cogestión. Algo que se ha comenzado a ensayar desde hace algunos años en este territorio: se crea una articulación de trabajo, plan y presupuesto entre la institución y las comunidades organizadas, centralmente en consejos comunales y comunas. Significa que, por ejemplo, la alcaldía pone una parte de un dinero para arreglar una carretera, la comunidad la otra parte, y es parte de la construcción de la misma. Son ideas afianzadas sobre experiencias concretas, sobre la capacidad creadora de la organización popular. En uno de los barrios que recorremos las casas han sido financiadas por el Estado y construidas por

«A l fin llegamos al sitio de los anarquistas, una construcción venida a menos en un patio mugroso. Me condujeron a un cuarto pequeño repleto de hombres y mujeres. Esa vista me trajo imágenes de treinta años atrás cuando, perseguidos y empujados de un lugar a otro, los anarquistas de los Estados Unidos se veían obligados a encontrarse en una habitación roñosa en Orchard Street, Nueva York, o en un oscuro cuarto al fondo de un bar. Eso ocurría en la América capitalista. Pero esto era la Rusia revolucionaria que los anarquistas habían ayudado a liberar. ¿Por qué deberían juntarse en secreto y en un lugar semejante? Aquella tarde, y el día que siguió, oí un recitado de la traición bolquevique a la Revolución. Trabajadores de las fábricas del Báltico me hablaron sobre su esclavitud, los marinos de Kronstadt expresaron su resentimiento e indignación hacia aquella misma gente que habían llevado al poder y que ahora se habían convertido en sus amos. Uno de los que hablaba había sido condena

E l crimen por la espalda del mapuche Rafael Nahuel volvió a poner a Patricia Bullrich en el centro del debate por la legitimidad en el uso de la fuerza represiva. Y una vez más, el gobierno y los medios oficialistas no dudaron en volcar la culpa sobre las víctimas. En una nueva muestra de impunidad política y mediática, la ministra de seguridad llegó a imputar a los mapuches el uso de “armas de alto calibre” que nadie vio. Poco importa que en un desliz de sinceridad mencionara “lanzas” y “cuchillos” como las únicas armas identificadas por Prefectura. Torpe de reflejos, intuyendo tal vez que acababa de tropezar con una incómoda autodesmentida, se apresuró a aclarar: “Tampoco es que pudieron ver a todos.” La amenaza abstracta del uso de armas de fuego le bastó a la ministra para caracterizar a los mapuches involucrados en las tomas de tierras como “grupos violentos”, y para englobarlos sin distinción dentro de la difusa categoría ‘RAM’, una categoría que ni ella parece terminar de cre