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E ntre las razones que se vienen esgrimiendo en contra de la nueva ley de medios , que vendría a cercenar el poder monopólico de ciertos grupos económicos, se ha oído a varios políticos y empresarios sostener que esta ley es injusta porque no tiene en consideración los ‘derechos adquiridos’ por las empresas, algo de lo cual debería hacerse cargo el Estado (por ejemplo, acá ). Se trata de una propuesta realmente fantástica. Desde esta concepción se supone que al momento de legislar debe pensarse en el bolsillo de los viejos beneficiados, y no, en realidad, en el mal que la ley viene a corregir. En realidad, esta postura no hace sino defender el monopolio mediático considerándolo un ‘derecho adquirido’ (¡derecho al monopolio?). Llevando esta lógica al extremo, uno podría preguntarse qué hubiese ocurrido si al momento de suprimir la esclavitud se hubiesen tenido en cuenta los derechos adquiridos que los esclavistas. O si en vez de sancionar derechos para los trabajadores se hubiese pensad...

A yer, mientras la señal TN transmitía la sesión extraordinaria de diputados para la sanción de la Ley de Medios , los periodistas de A dos voces matizaban los densos discursos en el recinto con breves entrevistas a los oradores que salían a los pasillos del Congreso. Acto 1: El entrevistado es Claudio Morgado , del Partido de la Concertación, quien votara a favor de la nueva ley. Los periodistas Marcelo Bonelli y Gustavo Sylvestre le acercan sus dudas acerca de la ley. El diputado responde con precisión, citando frases del proyecto que desmienten las conjeturas de los entrevistadores. Los periodistas no están conformes y ponen en duda las explicaciones del diputado, pero son incapaces de contraponer nociones concretas tomadas del proyecto votado. Finalmente, Bonelli llega a poner en duda que Morgado haya leído la ley en profundidad. Acto 2: El entrevistado esta vez es el diputado Adrián Pérez , de la Coalición Cívica, quien votara en contra de la ley. La entrevista se inicia y el dip...

L as mentiras del poder violentan, lo mismo que son ellas mismas actos de violencia, dirigidos siempre contra quienes menos armas tienen para defenderse. Esta violencia no tiene prerrogativas partidarias. La practica tanto el gobierno como sus opositores. La ponen en práctica tanto organismos públicos como grupos privados. Y si bien es cierto que la mentira gubernamental es menos tolerable que la privada –que se reconoce desde el comienzo movida por intereses individuales-, no por eso debe desestimarse a esta última, sobre todo cuando es articulada y promovida desde los medios de comunicación, capaces de dirigir el pensamiento de una buena porción de votantes desinformados. Claro que todo esto viene a colación de la remanida Ley de Medios recientemente elevada al Congreso. La ley se propone, en definitiva, como una ley antimonopolio disparada al corazón de las grandes corporaciones mediáticas, entre las que se cuenta el descomunal pulpo del grupo Clarín, que concentra, él solito, casi...