Mentiras monopólicas

Las mentiras del poder violentan, lo mismo que son ellas mismas actos de violencia, dirigidos siempre contra quienes menos armas tienen para defenderse. Esta violencia no tiene prerrogativas partidarias. La practica tanto el gobierno como sus opositores. La ponen en práctica tanto organismos públicos como grupos privados. Y si bien es cierto que la mentira gubernamental es menos tolerable que la privada –que se reconoce desde el comienzo movida por intereses individuales-, no por eso debe desestimarse a esta última, sobre todo cuando es articulada y promovida desde los medios de comunicación, capaces de dirigir el pensamiento de una buena porción de votantes desinformados.

Claro que todo esto viene a colación de la remanida Ley de Medios recientemente elevada al Congreso. La ley se propone, en definitiva, como una ley antimonopolio disparada al corazón de las grandes corporaciones mediáticas, entre las que se cuenta el descomunal pulpo del grupo Clarín, que concentra, él solito, casi trescientas empresas de comunicación a lo largo y ancho del país.

Si bien la ley presenta ambigüedades y puntos altamente cuestionables, no es menos cierto que se configura como un claro progreso frente a la actual legislación, por lo menos desde una visión desinteresada y democratizadora. Ahora bien, en los últimos días, la publicidad pagada por los grupos afectados ha ido evolucionando de una blanda propuesta postergadora (que buscaba diferir la votación hasta el recambio legislativo) a un claro y desesperado ataque al proyecto de ley, ataque que busca poner a la población en contra de un proyecto que condena a estos grupos a desaparecer. Lo cierto es que el apoyo popular se persigue a través de las mentiras y la desinformación. De hecho, lejos de cuestionar los puntos verdaderamente flacos del proyecto de ley, en estos días se han visto dos nuevas publicidades televisivas que buscan endilgarle un carácter anticonstitucional y acusarla de limitar la libertad de expresión. Nada más alejado de la naturaleza real de la ley.

En una primera publicidad [1], el televidente es enfrentado a la palabra ‘realidad’, compuesta por un mosaico de luces las cuales comienzan a apagarse lentamente, una a una, hasta que la palabra ‘realidad’ se vuelve indescifrable. El mensaje es claro. La falta de pluralidad de miradas distorsiona la realidad. Lo increíble es que este spot sea promovido por las mismas empresas monopólicas que contribuyen de modo inevitable a esta distorsión. Si tuviéramos que expresar la coyuntura mediática actual en los términos de esta propaganda, no tendríamos sino dos o tres grandes focos luminosos acompañados por una pequeña constelación de luces casi extinguidas. Obviamente, la ‘realidad’ que nos queda es únicamente aquella filtrada por los medios poderosos que irradian sobre todo el territorio nacional. Al combatir la monopolización mediática, la nueva ley obligaría a repartir la luz de estos históricos cúmulos informáticos para que la visión de la ‘realidad’ pueda ser, tal vez por primera vez en nuestra historia, más plural y más representativa.

La segunda publicidad es menos metafórica y más concreta [2]. Sobre el fondo de una bandera argentina podemos leer frases tomadas de la constitución y de tratados internacionales, todas condenatorias de la ingerencia del Estado en lo que hace a la libertad de prensa. Resulta casi imposible determinar a qué aspecto del proyecto de ley apunta esta publicidad. No hay elemento que permitan pensar que la libertad de expresión pueda verse afectada de modo mayor que en la legislación actual. Tal vez, el ataque no haga otra cosa que referirse al nuevo organismo regulador propuesto por la ley, cuyo directorio se encontraría integrado por cinco miembros facultados para rechazar y suspender licencias (art. 12). Tres de estos miembros serían propuestos por el Poder Ejecutivo, y los otros dos deberían representar a la segunda y tercera minoría parlamentaria (art. 14). Por supuesto que este organismo de control puede mejorarse, pero no habría que olvidar mencionar que la legislación actual también propone un organismo de control (el COMFER) con facultades similares, aunque sus miembros son nombrados únicamente por el Poder Ejecutivos (Ley 22.285, art. 95 y 96). Es decir, no existen razones para suponer que la nueva ley no representa una mejoría por sobre la vieja. Sin embargo, no parece conveniente a los objetivos de los grupos monopólicos el reconocer esto. Y lo cierto es que tienen el poder para hacer creer a gran parte de la población que la realidad es la que ellos proponen [3]. Este poder, sumado a la franca incapacidad de este gobierno para informar con claridad (y a veces aun con sinceridad) impide que aparezca un mensaje lo suficientemente fuerte como para contraponerse a las mentiras mediáticas. En un país donde los poderosos todos mienten, es fácil aferrarse a la mentira de quienes se tiene más cerca del corazón. Y los medios, sobre todo la televisión, están bien cerca del corazón de la gente. Pero no sería correcto confundir afinidad con veracidad. Los medios mienten y atacan aspectos positivos de una ley que, aunque perfectible, sigue siendo una ley positiva y democratizadora. La democracia real sólo es posible cuando la información se multiplica y el control ciudadano se impone sobre el poder político. La nueva ley de medios va camino a avanzar sobre el primer punto, y seguir defendiendo medios monopólicos debería ser entendido como lo opuesto a un compromiso con la democracia.

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[1]
[2] Financiada por ATA (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas).
[3] Otra de las agrupaciones que figuran financiando varios spots publicitarios en contra del proyecto de ley es la Fundación Valores para el Bien Público, una fundación aparentemente creada para el caso, ya que no existe información alguna de la misma en la Internet.