No debería sorprendernos el retorno de la variable militar en los golpes de Estado de la región. Tampoco debería inundarnos de desasociego. El golpe que acaba de darse en Bolivia es, de hecho, un golpe frágil, apresurado, que deja a los responsables más cerca de la precariedad que de la fortaleza. Es cierto, duele que la renuncia venga de labios del primer presidente indígena del continente, de quien más hizo por Bolivia desde su creación como Estado autónomo. Evo dejó el poder denunciando un golpe "cívico, político y policial". Por motivos que desconocemos, dejó sin articular el componente militar, aunque la "sugerencia" inequívoca del jefe del ejército al pedir su renuncia se sintió como la clara reactualización de un pasado que se soñaba superado. Sabíamos, eso sí, que lo que se soñaba no era más que eso, un sueño. Mal acostumbrados a los golpes parlamentarios de la última década, la ecuación militar en latinoamérica parecía, si no descartada, por lo menos lejana. Lo que es curioso, porque esta opción venía de resucitar hacía menos de un año en Venezuela. Tanto nos distrajo la posibilidad real de una intervención directa del ejército norteamericano, que restamos valor cuando el propio Trump convocó a las FFAA bolivarianas a desconocer a Maduro, o cuando el autoproclamado Guaidó anunció con bombos y platillos un levantamiento militar que, no por inexistente, dejó de suscitar la atención de medios y cancillerías del mundo. También había sido un alzamiento militar el que derrocó por breve lapso a Hugo Chávez en el 2002. Hasta Rafael Correa tuvo su intento de golpe armado en 2010, esta vez encabezado por la Policía Nacional de Ecuador, que introdujo de prepo la variable policial a la dinámica desestabilizadora de la región.
Uno de los argumentos de quienes niegan el golpe en Bolivia es que ni la policía ni el ejército se alzaron contra el gobierno para tomar el poder. Se busca atribuir la causa del derrocamiento a una "gesta popular legítima, pacífica y heroica" (las palabras son del opositor Carlos Mesa). Pero no fue el descontento de la oposición lo que forzó la renuncia de Evo. Evo renunció al ser víctima de una extorsión consensuada entre bandas violentas de opositores, y fuerzas de seguridad que aceptaron liberar las calles para que los violentos pudieran avanzar sobre los miembros del gobierno y sus familias.
Recordemos que los grupos de choque coordinados por la oposición habían iniciado las revueltas asaltando objetivos institucionales, quemando y apedreando edificios de gobierno. Durante las horas previas a la consumación del golpe, sin embargo, se avanzó hacia una fase de ataque dirigida contra individuos identificados con el gobierno y contra sus familias. Una conducta extorsiva y mafiosa. Antes de llegar a este punto los medios internacionales (muy particularmente la CNN) se ocuparon de delinear un relato comprensivo hacia la violencia racista, lo que quedó claro tras el secuestro y tortura de la alcaldesa de Vinto. Esta tuvo la suerte de ser rescatada por la policía. Desde el viernes, en cambio, tras el acuartelamiento de buena parte de las fuerzas policiales, los grupos comandados por la oposición saquearon e incendiaron viviendas de referentes masistas sin que hubiera fuerzas del orden que garantizaran la seguridad de los individuos. Entre las casas quemadas estaban la del gobernador de Oruro, la del gobernador de Chuquisaca, y la de la hermana de Evo. En Potosí, familiares del dirigente campesino Teodoro Mamani fueron secuestrados y amenazados de muerte. Evo dejó en claro por qué renunciaba: "Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales, para que no sigan quemando las casas de los gobernadores del MAS en Oruro y Chuquisaca, de asambleístas, de consejales..." No fueron las protestas las que llevaron a Evo a renunciar, fue la extorsión política y policial, que utilizó las vidas de los miembros del gobierno y de sus familiares como prenda de cambio.
El triunfo del golpe, sin embargo, no alcanza para declarar su éxito. Hasta el momento el golpe que derrocó a Evo se presenta como un golpe frágil, de precaria fortaleza. No es que no se intuyan años de preparación por detrás. La impresión es que su desenlace ha sido apresurado, que se ha desencadenado antes de que las variables estuviesen maduras. El apuro puede responder al fracaso de los EEUU en Venezuela y a la creciente inestabilidad de su proyecto hegemónico para la región: el contundente retroceso electoral en México y Argentina, la incapacidad de reencausar sus intereses en Nicaragua y el dramático deterioro de sus aliados en Brasil, Ecuador, Perú y Chile. En este contexto, Bolivia aparecía como un valioso premio consuelo tras el golpe fallido contra el chavismo. Sin embargo, no parecen haberse cumplido las condiciones necesarias para que un cambio violento de régimen logre sostenerse en el tiempo. En primer lugar, los consensos golpistas se suelen fraguar al calor de las crisis económicas y políticas que permiten condensar el malestar popular y reconducirlo en apoyo del gobierno golpista. Evo no solo no es derrocado en medio de una crisis económica, sino que el golpe se activa en el momento de mayor crecimiento económico de Bolivia en toda su historia. Y si bien es cierto que la campaña de deslegitimación del gobierno del MAS se venía acelerando desde el referendum de 2016, el resultado electoral previo al golpe (incluso dentro de los temerarios parámetros de la OEA) da a Evo como ganador de la primera vuelta por más de 40% de los votos, y con no menos de 8 puntos de diferencia con respecto a su principal rival. Es decir, el golpe no se despliega sobre un escenario de crisis económica o de debilidad política. Todo lo contrario. Según la última encuesta de la CELAG, Evo llegó a las elecciones con 57% de imagen positiva y una valoración positiva de su gestión del 72%. Aún derrocado, continúa siendo un líder fuerte, querido, con ascendencia sobre vastos sectores de la sociedad boliviana. Esto es exactamente lo contrario a que ocurre con la oposición golpista, cuyos liderazgos se muestran fluctuantes y no terminan de consolidarse: en un principio fue Carlos Mesa, contendiente electoral de Evo, pero no tardó en ser desplazado por el fundamentalista cruceño Luis Camacho, quien a su vez se vio obligado a ungir como presidenta a la senadora Jeanine Áñez.
El aval internacional al gobierno golpista es igualmente de fluctuante: salvo los EEUU y sus obedientes aliados del grupo de Lima, directa o indirectamente involucrados en el golpe, la mayoría de los Estados del mundo se mantienen a la expectativa, sin comprometer un veredicto. La modalidad elegida por Evo y su vice García Linera para abandonar el poder complica aún más la lectura internacional. Al presentar su renuncia al Congreso, Evo juega una extraña carta institucional: denuncia un golpe, pero al mismo tiempo transfiere el veredicto final sobre lo ocurrido a sus legisladores, que son mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto deja a los golpistas sin el quorum necesario para legitimarse, e inicia un período de negociaciones entre las bancadas golpistas y masistas que hoy mismo está en desarrollo. La institucionalidad boliviana queda entonces girando en un bucle que solo puede resolver legalmente el retorno de Evo o el tratamiento de su renuncia en sesión de Congreso.
La situación es tal que gobiernos como el argentino, entusiasmados inicialmente con el cambio de régimen, entraron en crisis a la hora de legitimar la desprolija autoproclamación de Áñez como presidenta. El argumento institucionalista que se esgrimió para no condenar el golpe, ahora se les ha vuelto en contra.
Una paradoja similar ocurre con el informe de la OEA. Aunque el organismo regional ha sido parte integrante del mecanismo desestabilizador, su informe acabó por admitir el triunfo de Evo en las elecciones de octubre. A diferencia de las narrativas mediáticas, el informe de la OEA no menciona la palabra "fraude"; lo que hace es enumerar supuestas irregularidades que impedirían determinar si la victoria de Evo fue en primera vuelta o si correspondería un ballotage. Esta duda porcentual es suficiente para que los técnicos del organismo recomienden anular los comicios en su totalidad y convocar a nuevas elecciones. Más allá de la parcialidad del informe, es este el documento que ha llegado a las cancillerías del mundo, y que hoy sirve más como sustento de la institucionalidad de Evo que de la de Áñez. Tal es así, que uno está tentado a preguntarse si la decisión de la OEA de recomendar nuevas elecciones en lugar de denunciar fraude se debe a que el organismo no pudo anticipar el triunfo del golpe (otro indicio de que el proceso golpista fue apresurado y acabó superando las expectativas de los propios golpistas).
Otro elemento que debilita las perspectivas a largo plazo del golpe es la alta organización popular y sindical de Bolivia. Si bien Evo descuidó algunas alianzas históricas en los últimos años, esto no significa que los antiguos aliados del MAS se replieguen tranquilamente para dejar el camino allanado a los golpistas. Por el momentos, los sindicatos están en alerta. Un detalle inesperado que surge de las movilizaciones recientes es que la defensa al gobierno de Evo se empieza a entrelazar con la defensa y el desagravio a la wiphala, insultada torpemente por los golpistas. La imbricación entre reclamo político y cultural tiene el potencial de volver a cerrar filas en un frente común que incluya a espacios críticos al evismo. Ya hay quienes hablan de una "Revolución de las Wiphalas" para referirse a las movilizaciones que comienzan a bajar desde El Alto.
Por su parte, aunque Camacho imposte un discurso pacificador y declare que "ya no podemos seguir con mensajes de racismo", el uso simbólico que él y Áñez han hecho de la Biblia, convertida en un estandarte del golpismo racista, excluye de su proyecto político a la gran mayoría indígena, reforzando por oposición la cadena significante wiphala=Evo.
El carácter racista y violento del frente golpista es otro de sus puntos débiles, ya que dificulta el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo cuando las raíces indígenas de Evo lo han ido convirtiendo a lo largo de los años en todo un símbolo de la política lationamericana. Hasta ahora, el proceso golpista se supo servir del silenciamiento mediático, que venía invisibilizando los actos de violencia racista (como el asalto de grupos paramilitares a las mujeres campesinas que marcharon sobre Cochabamba tras el secuestro de la alcaldeza de Vinto). Hoy, la atención internacional que concita Bolivia después del golpe ha producido el efecto de aumentar la circulación de noticias no censuradas por los medios afines al golpe. Las presiones, los ataque y las persecuciones que comienzan a recibir los periodistas extranjeros por parte de grupos golpistas ponen en alerta incluso a aquellos que horas atrás confundían el golpe con un retorno de la democracia.
Hasta aquí, las variables en juego permiten suponer que estamos ante un régimen golpista débil, que lejos está de pisar sobre terreno firme, y que podría tambalear más pronto que tarde, allanando el camino para un retorno del MAS al poder. El interés de los EEUU por Bolivia obliga a matizar este optimismo. Pero de no mediar eventos que alteren radicalmente el tablero político, no debería sorprendernos si la legitimidad de la presidenta de facto comienza a deteriorarse velozmente, o si las presiones internacionales le impiden proscribir al MAS para las nuevas elecciones (esto es, si Evo no retorna antes, o si sus legisladores deciden rechazar su renuncia).
Uno de los argumentos de quienes niegan el golpe en Bolivia es que ni la policía ni el ejército se alzaron contra el gobierno para tomar el poder. Se busca atribuir la causa del derrocamiento a una "gesta popular legítima, pacífica y heroica" (las palabras son del opositor Carlos Mesa). Pero no fue el descontento de la oposición lo que forzó la renuncia de Evo. Evo renunció al ser víctima de una extorsión consensuada entre bandas violentas de opositores, y fuerzas de seguridad que aceptaron liberar las calles para que los violentos pudieran avanzar sobre los miembros del gobierno y sus familias.
Recordemos que los grupos de choque coordinados por la oposición habían iniciado las revueltas asaltando objetivos institucionales, quemando y apedreando edificios de gobierno. Durante las horas previas a la consumación del golpe, sin embargo, se avanzó hacia una fase de ataque dirigida contra individuos identificados con el gobierno y contra sus familias. Una conducta extorsiva y mafiosa. Antes de llegar a este punto los medios internacionales (muy particularmente la CNN) se ocuparon de delinear un relato comprensivo hacia la violencia racista, lo que quedó claro tras el secuestro y tortura de la alcaldesa de Vinto. Esta tuvo la suerte de ser rescatada por la policía. Desde el viernes, en cambio, tras el acuartelamiento de buena parte de las fuerzas policiales, los grupos comandados por la oposición saquearon e incendiaron viviendas de referentes masistas sin que hubiera fuerzas del orden que garantizaran la seguridad de los individuos. Entre las casas quemadas estaban la del gobernador de Oruro, la del gobernador de Chuquisaca, y la de la hermana de Evo. En Potosí, familiares del dirigente campesino Teodoro Mamani fueron secuestrados y amenazados de muerte. Evo dejó en claro por qué renunciaba: "Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales, para que no sigan quemando las casas de los gobernadores del MAS en Oruro y Chuquisaca, de asambleístas, de consejales..." No fueron las protestas las que llevaron a Evo a renunciar, fue la extorsión política y policial, que utilizó las vidas de los miembros del gobierno y de sus familiares como prenda de cambio.
El triunfo del golpe, sin embargo, no alcanza para declarar su éxito. Hasta el momento el golpe que derrocó a Evo se presenta como un golpe frágil, de precaria fortaleza. No es que no se intuyan años de preparación por detrás. La impresión es que su desenlace ha sido apresurado, que se ha desencadenado antes de que las variables estuviesen maduras. El apuro puede responder al fracaso de los EEUU en Venezuela y a la creciente inestabilidad de su proyecto hegemónico para la región: el contundente retroceso electoral en México y Argentina, la incapacidad de reencausar sus intereses en Nicaragua y el dramático deterioro de sus aliados en Brasil, Ecuador, Perú y Chile. En este contexto, Bolivia aparecía como un valioso premio consuelo tras el golpe fallido contra el chavismo. Sin embargo, no parecen haberse cumplido las condiciones necesarias para que un cambio violento de régimen logre sostenerse en el tiempo. En primer lugar, los consensos golpistas se suelen fraguar al calor de las crisis económicas y políticas que permiten condensar el malestar popular y reconducirlo en apoyo del gobierno golpista. Evo no solo no es derrocado en medio de una crisis económica, sino que el golpe se activa en el momento de mayor crecimiento económico de Bolivia en toda su historia. Y si bien es cierto que la campaña de deslegitimación del gobierno del MAS se venía acelerando desde el referendum de 2016, el resultado electoral previo al golpe (incluso dentro de los temerarios parámetros de la OEA) da a Evo como ganador de la primera vuelta por más de 40% de los votos, y con no menos de 8 puntos de diferencia con respecto a su principal rival. Es decir, el golpe no se despliega sobre un escenario de crisis económica o de debilidad política. Todo lo contrario. Según la última encuesta de la CELAG, Evo llegó a las elecciones con 57% de imagen positiva y una valoración positiva de su gestión del 72%. Aún derrocado, continúa siendo un líder fuerte, querido, con ascendencia sobre vastos sectores de la sociedad boliviana. Esto es exactamente lo contrario a que ocurre con la oposición golpista, cuyos liderazgos se muestran fluctuantes y no terminan de consolidarse: en un principio fue Carlos Mesa, contendiente electoral de Evo, pero no tardó en ser desplazado por el fundamentalista cruceño Luis Camacho, quien a su vez se vio obligado a ungir como presidenta a la senadora Jeanine Áñez.
El aval internacional al gobierno golpista es igualmente de fluctuante: salvo los EEUU y sus obedientes aliados del grupo de Lima, directa o indirectamente involucrados en el golpe, la mayoría de los Estados del mundo se mantienen a la expectativa, sin comprometer un veredicto. La modalidad elegida por Evo y su vice García Linera para abandonar el poder complica aún más la lectura internacional. Al presentar su renuncia al Congreso, Evo juega una extraña carta institucional: denuncia un golpe, pero al mismo tiempo transfiere el veredicto final sobre lo ocurrido a sus legisladores, que son mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto deja a los golpistas sin el quorum necesario para legitimarse, e inicia un período de negociaciones entre las bancadas golpistas y masistas que hoy mismo está en desarrollo. La institucionalidad boliviana queda entonces girando en un bucle que solo puede resolver legalmente el retorno de Evo o el tratamiento de su renuncia en sesión de Congreso.
La situación es tal que gobiernos como el argentino, entusiasmados inicialmente con el cambio de régimen, entraron en crisis a la hora de legitimar la desprolija autoproclamación de Áñez como presidenta. El argumento institucionalista que se esgrimió para no condenar el golpe, ahora se les ha vuelto en contra.
Una paradoja similar ocurre con el informe de la OEA. Aunque el organismo regional ha sido parte integrante del mecanismo desestabilizador, su informe acabó por admitir el triunfo de Evo en las elecciones de octubre. A diferencia de las narrativas mediáticas, el informe de la OEA no menciona la palabra "fraude"; lo que hace es enumerar supuestas irregularidades que impedirían determinar si la victoria de Evo fue en primera vuelta o si correspondería un ballotage. Esta duda porcentual es suficiente para que los técnicos del organismo recomienden anular los comicios en su totalidad y convocar a nuevas elecciones. Más allá de la parcialidad del informe, es este el documento que ha llegado a las cancillerías del mundo, y que hoy sirve más como sustento de la institucionalidad de Evo que de la de Áñez. Tal es así, que uno está tentado a preguntarse si la decisión de la OEA de recomendar nuevas elecciones en lugar de denunciar fraude se debe a que el organismo no pudo anticipar el triunfo del golpe (otro indicio de que el proceso golpista fue apresurado y acabó superando las expectativas de los propios golpistas).
Otro elemento que debilita las perspectivas a largo plazo del golpe es la alta organización popular y sindical de Bolivia. Si bien Evo descuidó algunas alianzas históricas en los últimos años, esto no significa que los antiguos aliados del MAS se replieguen tranquilamente para dejar el camino allanado a los golpistas. Por el momentos, los sindicatos están en alerta. Un detalle inesperado que surge de las movilizaciones recientes es que la defensa al gobierno de Evo se empieza a entrelazar con la defensa y el desagravio a la wiphala, insultada torpemente por los golpistas. La imbricación entre reclamo político y cultural tiene el potencial de volver a cerrar filas en un frente común que incluya a espacios críticos al evismo. Ya hay quienes hablan de una "Revolución de las Wiphalas" para referirse a las movilizaciones que comienzan a bajar desde El Alto.
Por su parte, aunque Camacho imposte un discurso pacificador y declare que "ya no podemos seguir con mensajes de racismo", el uso simbólico que él y Áñez han hecho de la Biblia, convertida en un estandarte del golpismo racista, excluye de su proyecto político a la gran mayoría indígena, reforzando por oposición la cadena significante wiphala=Evo.
El carácter racista y violento del frente golpista es otro de sus puntos débiles, ya que dificulta el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo cuando las raíces indígenas de Evo lo han ido convirtiendo a lo largo de los años en todo un símbolo de la política lationamericana. Hasta ahora, el proceso golpista se supo servir del silenciamiento mediático, que venía invisibilizando los actos de violencia racista (como el asalto de grupos paramilitares a las mujeres campesinas que marcharon sobre Cochabamba tras el secuestro de la alcaldeza de Vinto). Hoy, la atención internacional que concita Bolivia después del golpe ha producido el efecto de aumentar la circulación de noticias no censuradas por los medios afines al golpe. Las presiones, los ataque y las persecuciones que comienzan a recibir los periodistas extranjeros por parte de grupos golpistas ponen en alerta incluso a aquellos que horas atrás confundían el golpe con un retorno de la democracia.
Hasta aquí, las variables en juego permiten suponer que estamos ante un régimen golpista débil, que lejos está de pisar sobre terreno firme, y que podría tambalear más pronto que tarde, allanando el camino para un retorno del MAS al poder. El interés de los EEUU por Bolivia obliga a matizar este optimismo. Pero de no mediar eventos que alteren radicalmente el tablero político, no debería sorprendernos si la legitimidad de la presidenta de facto comienza a deteriorarse velozmente, o si las presiones internacionales le impiden proscribir al MAS para las nuevas elecciones (esto es, si Evo no retorna antes, o si sus legisladores deciden rechazar su renuncia).
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