La pandemia fue un evento totalizante, que impactó en todos los órdenes de la vida individual y social. Repecharla exitosamente requirió apelar a dos tendencias contradictorias con el ethos de las democracias occidentales tardías: una tendencia hacia la restricción de las libertades individuales, y otra hacia la asistencia social. Ambas tendencias conforman los términos de una ecuación pandémica a partir de la cual es posible determinar consecuencias políticas e ideológicas específicas. La tendencia hacia la restricción de libertades puede habilitar la construcción de un imaginario autoritario; la tendencia al asistencialismo, la de un imaginario socialista. Ambas pusieron en tensión las matrices ideológicas de los gobiernos occidentales. Aquellos gobiernos donde predominó la matriz liberal acabaron por desatender la crisis sanitaria, preocupados por la actividad económica; aquellos donde predominó la matriz socialdemócrata, acabaron imponiendo restricciones a la circulación y desatendiendo la economía, preocupados por la vida y la salud de sus ciudadanos. Muchos de los gobiernos que priorizaron las variables económicas enfrentaron críticas por izquierda, acusados de despreciar la vida. Entre estos se cuenta la gestión de Trump en los EEUU y la de Bolsonaro en Brasil. La imagen de ambos mandatarios colapsó al tiempo que colapsaban sus sistemas de salud por falta de acciones restrictivas contundentes. En cambio, aquellos gobiernos que se aferraron a las medidas restrictivas y de asistencia económica enfrentaron críticas por derecha, acusados de totalitarismo y de comunismo. Es lo que ocurrió en países europeos tan disímiles como Francia, Alemania o España.
Sobre todo en América Latina, algunos gobiernos de matriz socialdemócrata ingresaron en la pandemia con sus economías demasiado debilitadas como para financiar medidas de contención social. Estos gobiernos se vieron obligados a elegir entre sostener la economía a costa de la salud o extraer recursos distribuibles de los sectores del capital concentrado. México optó por lo primero, y su exceso de muertes durante la primera ola ascendió al 43%. Argentina, en cambio, osciló contradictoriamente entre una y otra salida, financiando con déficit el 2020 y votando una ley de aporte solidario para las grandes fortunas, pero cediendo a las demandas de los mercados durante buena parte del 2021. A pesar de un controlado exceso de muertes (del 12%) durante el primer año de pandemia, el gobierno se vio golpeado por una disparada conjunta de los índices inflacionarios y de pobreza en medio de un año electoral, aunque evitó profundizar la confrontación con los sectores del capital que continuaron obteniendo ganancias extraordinarias durante la pandemia. Este tipo de confrontaciones no suelen estar en la agenda de los gobiernos de la región. La disputa comunicacional necesaria para acompañar una potencial confrontación, tampoco. En la Argentina, el oficialismo decidió no intervenir en la arena mediática luego de su victoria electoral, cediendo la construcción de sentido a la oposición y a las derechas corporativas, que han venido interpretando las políticas sanitarias como amenazas a la libertad, los logros en la vacunación como errores ideológicos, los deslices personales como delitos mafiosos, y las limitaciones externas como incapacidades de gestión.
A diferencia de lo que ocurre con las críticas por izquierda, las críticas por derecha son inseparables de su naturaleza comunicacional. Mientras las primeras se asientan sobre un terreno material innegable (el exceso de muertes, el colapso de las UTI, los camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales, las fosas comunes), las segundas se sostienen con argumentos que parten de una llana confusión ideológica: la necesidad de aislamiento de los sectores no esenciales es interpretada como indicio de dictadura, mientras el sostenimiento del empleo y la economía familiar a través de la asistencia del Estado es leído como comunismo. El sentido (tanto académico y como cotidiano) de los términos 'dictadura' y 'comunismo' es abiertamente ignorado como parte de una estrategia comunicacional intencionalmente distorsiva, financiada por sectores corporativos preocupados por la debacle del consenso capitalista que siguió a la Gran Recesión de 2008. Estos mensaje falaces hallan anclaje, sin embargo, en un hecho materialmente innegable: el fracaso del Estado para mejorar el nivel de vida de la población y recomponer las expectativas a futuro, tanto más deterioradas cuanto más se acelera la concentración del capital durante su fase financiera. Paradójicamente, lo que explica el rechazo desinformado al Estado es la insuficiencia del Estado. No es el apego sorpresivo de algunos sectores excluidos al capitalismo, sino la imposibilidad del Estado parar recuperar su rol regulador; es decir, para volver a actuar como Estado de Bienestar.
El la Argentina, el Estado de Bienestar no ha dejado de formar parte del sentido común compartido transversalmente por distintos sectores de la sociedad. Los informes de la Celag sobre el perfil sociopolítico de los argentinos vienen confirmando esta tendencia año a año. Esto explica el fracaso de los distintos proyectos políticos que buscaron desterrar la injerencia estatal de la vida social y económica del país. Durante los primeros meses de la pandemia incluso, el rol benefactor del Estado argentino se vio fortalecido mientras los tres principales gestores del país (en términos numéricos y presupuestarios) todavía se sentaban a la misma mesa de conferencias. La alta valoración del Estado a nivel nacional se encuentra tan consolidada que la oposición, aun ignorando sus propias acusaciones de infectadura, acabó proponiendo la gestión centralizada de la educación como su principal bandera electoral y exigiendo al gobierno aumentar la compra y distribución de vacunas, asumiendo como necesaria una política centralista propia del Estado de Bienestar.
De aquí que resulte verosímil pensar que el crecimiento de las narrativas antiestatales en la Argentina reciente tenga menos que ver con una comprensión ideológica de los riesgos que representa el Estado (y, por oposición, con los supuestos beneficios del mercado), que con un llano fracaso del Estado como regulador de los mercados en favor de las mayorías. Incluso el resultado de las PASO puede ser leído en este contexto. Si bien el gobierno nacional estuvo entre los más exitosos de la región en lo que hace a la disminución de los daños producidos por la pandemia, continuó mostrándose incapaz de revertir la dinámica de acumulación heredada del cuatrenio macrista y de activar rápidas medidas distributivas. Es cierto que la crisis de deuda recibida limitó el margen de maniobra del oficialismo, pero asumir esta limitación como dada, sin confrontación ni búsqueda creativa de recursos, no hace sino reforzar la hegemonía del mercado sobre el Estado, que es justamente aquello mismo que se intenta revertir cuando se apela a políticas centralizadas. La inconsistencia en el manejo de la pandemia entre 2020 y 2021 llevó al gobierno a enfrentar las PASO con una situación estructuralmente semejante a la que dejó el macrismo en 2019 y contra la cual se expresó el voto al Frente de Todos en las presidenciales: alta inflación, salarios pauperizados y pobreza en aumento por un lado; y grandes corporaciones, bancos y agro con ganancias excepcionales por el otro. Mientras la mayoría de los gobiernos del mundo entraron en contradicción con sectores de su población activando críticas por izquierda o por derecha según se apostara a la regulación y a la asistencia estatal, o al cuidado de la economía, en la Argentina esta dicotomía se abordó contradictoriamente, alienando a los sectores antiperonistas y pro mercados durante 2020, y a los sectores del trabajo y excluidos durante 2021. La dinámica pendular del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, dejó heridos de ambos lados. La recuperación de su fortaleza dependerá de su capacidad para identificar con cuál de los dos lados de la ecuación pandémica comulgan sus votantes, y de su voluntad para actuar en consecuencia.
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